La masacre de Chixoy no fue un horror aislado sino la pauta que marcó la historia de las inversiones hidroeléctricas en Guatemala. No es limpia una energía que necesita criminalizar líderes, talar bosques, matar lentamente a familias que viven de un río sagrado e incumplir acuerdos internacionales para lograr imponerse. Bernardo Caal pasó cuatro años en prisión por denunciar esto. Ahora está libre y con su pueblo, pero los ríos siguen presos para beneficio privado en un país donde se sufre por el derecho a la energía eléctrica.
Una filtración reveló que la mina de níquel en El Estor, entre muchas cosas, financia a la policía para reprimir y esconde los hallazgos sobre la contaminación que documenta. Eso no es una excepción sino la norma de las inversiones extractivas. Es la historia, por ejemplo, de Ixquisis, donde el BID retiró recientemente su financiamiento a una hidroeléctrica dados los atropellos que fueron denunciados por la comunidad que pagó con mártires su paz. No deberíamos necesitar ocho millones de documentos filtrados para creer lo que las resistencias llevan años denunciando a una población ensordecida por un racismo revestido de arrogancia economicista, que justifica los fines de un progreso que jamás llega con medios brutales de herencia colonial.
Bernardo llevó la primera escuela a su comunidad, se encargó de sus seis hermanos menores cuando su padre murió, luchó por la recuperación de tierras, se organizó sindicalmente para disputar el poder de Joviel Acevedo y, cumpliendo el mandato de las comunidades, interpuso exitosos amparos contra la ofensiva inversión de Florentino Pérez. Este profesor marca el ejemplo de lo que implica organizarse por la vida. Su lucha es un faro de dignidad y estaremos perdidos si nos rehusamos a inspirarnos de la luz que emana el testimonio de su familia y su pueblo.
Una duda honesta puede ayudarnos a pensar, pero una maliciosamente inducida por quienes ganan de la confusión lleva a la apatía. Luchar contra la criminalización exige dudar de la duda perversa y suspender el sentido común que reza “no meter las manos al fuego por nadie”. ¿Quién entonces por los que sacrifican su vida y paz por la justicia, los ecosistemas, la memoria o el futuro? No es necesario ser santo para merecer solidaridad. Pasa con los presos políticos mayas como con los escritores o investigadores que son más conocidos afuera del país que adentro, donde la ignorancia nos mantiene ajenos a aquello que pasa más allá de Tecpán.
Bernardo Caal, el hombre en cuyo corazón cabe todo un pueblo –usando las palabras con las que explicó a sus hijas por qué iba a prisión–, cumplió una pena por un delito que jamás cometió. ¿Quién va a responsabilizarse por los cuatro años de tortura carcelaria? ¿Hasta cuándo vamos a seguir ignorando en la ciudad las luchas de quienes defienden nuestra casa común? Para remontar nuestras derrotas debemos lograr la articulación entre pueblos y sectores, y ello solo será posible si rompemos uno a uno los silencios que nos hacen cómplices del despojo.