Por: Marcos Galicia
Estudiante de ciencias de la comunicación, voluntario en organizaciones dedicadas a la conservación ambiental y la promoción de los derechos humanos.
En medio de la crisis climática global, el Congreso de la República conoció tres iniciativas de ley que buscan afianzar las industrias extractivas en el país. Estas industrias se han caracterizado por el despojo de los pueblos originarios y de la Madre Tierra, generando grandes cantidades de contaminación y destrucción ambiental a cambio de regalías que no representan ni el 2% de las ganancias.
Iniciativa 6054:
Con el pretexto de optimizar las funciones del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), esta iniciativa centraliza la toma de decisiones y la administración en una sola figura institucional: el ministro de ambiente. Esto influye directamente en la conservación y protección de los bienes naturales del país. La figura del ministro de ambiente se ha caracterizado por ser cómplice de intereses políticos y económicos de los sectores poderosos del país, además de que el MARN recibiría más presupuesto y que esto podría dar cabida a plazas fantasmas en dicho ministerio.
Iniciativa 6055: Por medio de las reformas al decreto 68-86 del Congreso de la República, Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, quieren omitir los estudios de evaluación de impacto ambiental y agilizar los trámites para la aprobación de proyectos empresariales asociados a las industrias extractivas y establecimiento de monocultivos. Además, exonera artículos de multas y sanciones por daños ambientales y omite los estudios de impacto ambiental.
Iniciativa 6021:
Tiene la finalidad de prolongar el contrato de extracción de petróleo en la Reserva de la Biosfera Maya, otorgando privilegios a los gremios empresariales por encima de la biodiversidad y los pueblos originarios.
Estas propuestas buscan abrir, aún más, las puertas a proyectos mineros y monocultivos, eliminando los requisitos de estudios de impacto ambiental y aboliendo los derechos a la consulta de los pueblos. Centralizando la toma de decisiones , y anulando el trabajo que realizan las instituciones dedicadas a la conservación del medio ambiente. Además, pretenden minimizar las multas ambientales en nombre del desarrollo económico y la certeza jurídica, lo que abre aún más las puertas a la corrupción despampanante.
Los efectos de la aprobación de estas iniciativas representan un retroceso en materia de descentralización y fortalecimiento institucional. Así como un detrimento de la fiscalización social y la transparencia en el manejo de los fondos públicos. La excusa es atraer más inversión extranjera, pero a un costo muy alto: colocar a Guatemala en una posición de mayor vulnerabilidad ante los desastres naturales provocados por el cambio climático. Según datos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) Guatemala se encuentra entre los países más vulnerables ante el cambio climático. La clase política al servicio de las élites económicas locales y transnacionales pretende otorgar en bandeja de plata los bienes naturales al mejor postor, empeorando aún más la crisis que ya comenzó.
Al mismo tiempo, en el municipio de Asunción Mita, Jutiapa, se realizó una consulta municipal para conocer la postura de la población ante la instalación de proyectos mineros en su territorio. El resultado fue un rotundo rechazo de la población hacia estos proyectos, pero dos días después, el Ministerio de Energía y Minas emite un comunicado en el que desconoce dicha consulta “en nombre de la ley” por lo que la actitud autoritaria que ha caracterizado al gobierno de Alejandro Giammattei sale a relucir otra vez. Paradójicamente, el presidente durante esos mismos días estuvo en la Asamblea General de las Naciones Unidas dando un discurso donde dijo preocuparse por el patrimonio natural de Guatemala, mientras que su gobierno propicia las condiciones para el saqueo y la sobreexplotación de los bienes naturales.
Ante esta situación reiteramos nuestro rechazo a estas iniciativas y nuestro apoyo a la ratificación del Acuerdo de Escazú y a la elaboración de políticas organizativas que promuevan la participación ciudadana y la continuidad de los estudios de impacto ambiental apoyados por las diferentes universidades del país, principalmente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que se encuentra en una encrucijada para recuperar su autonomía. A un año de las próximas elecciones generales en el país, estamos presenciando la instauración de un régimen dictatorial, mientras que las alianzas de movimientos de izquierda o progresistas, tímidamente comienzan a aparecer en escena con la esperanza de lograr la articulación y unificación. La lucha de clases comienza a calentarse en el escenario mundial y los próximos años serán decisivos para la supervivencia de la vida en la tierra.